FreeVenezuela
29th January 2003, 22:25
Some of the spanish speakers members of this forum told me to post this information, i will post it in english as soon as i find the information in english. Meanwhile i posted it in spanish.
It about Chavez and his government will be accused in a Spanish court for crimes against humanity, this accusation is international, which means that if he is found guilty he will not be able to leave venezuela because if he does then he will be arrested, of course, this will happen is he is found guilty, and there is enough evidence to make this happen.
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Los letrados españoles Miguel Cid y Luis García Peruyo, y los abogados de las víctimas del 11-A que ejercieron una acción penal ante el Tribunal Supremo de Justicia contra Hugo Chávez, José Vicente Rangel e Isaías Rodríguez, denunciarán hoy al Gobierno de Venezuela ante la Real Audiencia Española por terrorismo de Estado, lesiones graves y crímenes de lesa humanidad.
“La acción se ejerce en nombre de los familiares de José Antonio Gamallo, un español muerto el 11 de abril, otro español herido de bala durante la masacre de El Silencio y tres españoles heridos durante la de Altamira”, explicó el abogado Alfredo Romero, en nombre de sus colegas Eduardo Meier, Gonzalo Himiob, Antonio Rosich y Juan Carlos Sosa. Estos dos últimos están en Madrid en estos momentos.
“Además –continuó Romero– se está protocolizando la incorporación de todas las víctimas venezolanas.
Pedimos a la Real Audiencia que investigue y sancione las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela durante esta administración”.
El documento que se consignará hoy a los magistrados españoles tiene 320 páginas y adapta la acusación que se presentó al TSJ en junio de 2002 al ordenamiento jurídico español; además, respalda la acusación original con nuevos elementos probatorios.
“Hay tres cajas de pruebas adicionales que no se pudieron presentar ante el máximo tribunal. Y no sólo se trata de fotografías y videos nuevos, sino de discursos oficiales, documentos oficiales, movimientos de aduanas, declaraciones y actas policiales que se han sistematizado y clasificado de forma impecable”, precisó Romero. “Por ejemplo, de lo sucedido en puente Llaguno está prácticamente todo detallado. Hay 50 personas que dispararon allí ese día plenamente identificadas”.
En el nuevo material probatorio destaca también la referencia expresa a cuatro efectivos de la Guardia Nacional que, según los accionantes, también dispararon el 11-A en las adyacencias del Palacio de Miraflores.
Romero asegura que “esas personas fueron identificadas por la comisión del 11-A del Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas desde hace meses. Consta en actas. Se trata del capitán Denis Román Ferrer, el teniente José Herrera Duarte y el cabo segundo Carlos Pérez Reyes, bajo mando del coronel Fernando Reverol”.
El abogado indica que estos uniformados “son los presuntos responsables de la muerte de Juan David Querales. La Fiscalía abrió una causa penal contra varios policías metropolitanos, pero ninguna contra esos guardias. Y, aunque la comisión de la policía judicial pidió al fiscal general, Isaías Rodríguez, que realizara una inspección ocular de armas en el Core 5 y la Policía Metropolitana para revisar responsabilidades penales, sólo inspeccionaron a la PM”.
El Nacional intentó comunicarse con estos efectivos de la GN para que presentaran su versión de los hechos, pero esto no se logró.
“El delito de lesa humanidad es más difícil de probar. España acoge también el Estatuto de Roma, pero, al igual que en Venezuela, la sanción para ese tipo de crímenes no está especificada en el código penal.
El trabajo de clasificación del delito tomará su tiempo”, apuntó el constitucionalista.
“El terrorismo de Estado es el que se ejerce desde arriba, cuando se usa la fuerza pública para aterrar, para amedrentar, para intimidar. Bien con los círculos bolivarianos armados o con cuerpos como la Guardia Nacional, bien por acción o por omisión”.
Estos abogados consideran bastante probable que el caso venezolano caiga en manos del juez Baltasar Garzón.
“Hay cinco jueces en la Real Audiencia y se asignan por una oficina de distribución. Pero como nosotros referimos las conexiones entre Batasuna y el Gobierno venezolano, así como la posibilidad de que el BBVA haya financiado la campaña presidencial de un líder que terminó ejecutando terrorismo de Estado, creemos que se puede lograr la acumulación de esos casos y que sea Garzón quien asuma el control”, acotó Romero.
Eduardo Meier informó que el Ejecutivo aún no ha acatado las medidas cautelares de protección que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto a favor de Mohamed Merhi, padre de uno de los fallecidos durante la masacre de El Silencio (Jesús Capote) y Fernando Sánchez, uno de los heridos de bala el 11-A.
“Hemos solicitado a la CIDH que nos permita participar en la audiencia que se llevará a cabo en febrero sobre el caso venezolano”, informó Meier.
It about Chavez and his government will be accused in a Spanish court for crimes against humanity, this accusation is international, which means that if he is found guilty he will not be able to leave venezuela because if he does then he will be arrested, of course, this will happen is he is found guilty, and there is enough evidence to make this happen.
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Los letrados españoles Miguel Cid y Luis García Peruyo, y los abogados de las víctimas del 11-A que ejercieron una acción penal ante el Tribunal Supremo de Justicia contra Hugo Chávez, José Vicente Rangel e Isaías Rodríguez, denunciarán hoy al Gobierno de Venezuela ante la Real Audiencia Española por terrorismo de Estado, lesiones graves y crímenes de lesa humanidad.
“La acción se ejerce en nombre de los familiares de José Antonio Gamallo, un español muerto el 11 de abril, otro español herido de bala durante la masacre de El Silencio y tres españoles heridos durante la de Altamira”, explicó el abogado Alfredo Romero, en nombre de sus colegas Eduardo Meier, Gonzalo Himiob, Antonio Rosich y Juan Carlos Sosa. Estos dos últimos están en Madrid en estos momentos.
“Además –continuó Romero– se está protocolizando la incorporación de todas las víctimas venezolanas.
Pedimos a la Real Audiencia que investigue y sancione las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela durante esta administración”.
El documento que se consignará hoy a los magistrados españoles tiene 320 páginas y adapta la acusación que se presentó al TSJ en junio de 2002 al ordenamiento jurídico español; además, respalda la acusación original con nuevos elementos probatorios.
“Hay tres cajas de pruebas adicionales que no se pudieron presentar ante el máximo tribunal. Y no sólo se trata de fotografías y videos nuevos, sino de discursos oficiales, documentos oficiales, movimientos de aduanas, declaraciones y actas policiales que se han sistematizado y clasificado de forma impecable”, precisó Romero. “Por ejemplo, de lo sucedido en puente Llaguno está prácticamente todo detallado. Hay 50 personas que dispararon allí ese día plenamente identificadas”.
En el nuevo material probatorio destaca también la referencia expresa a cuatro efectivos de la Guardia Nacional que, según los accionantes, también dispararon el 11-A en las adyacencias del Palacio de Miraflores.
Romero asegura que “esas personas fueron identificadas por la comisión del 11-A del Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas desde hace meses. Consta en actas. Se trata del capitán Denis Román Ferrer, el teniente José Herrera Duarte y el cabo segundo Carlos Pérez Reyes, bajo mando del coronel Fernando Reverol”.
El abogado indica que estos uniformados “son los presuntos responsables de la muerte de Juan David Querales. La Fiscalía abrió una causa penal contra varios policías metropolitanos, pero ninguna contra esos guardias. Y, aunque la comisión de la policía judicial pidió al fiscal general, Isaías Rodríguez, que realizara una inspección ocular de armas en el Core 5 y la Policía Metropolitana para revisar responsabilidades penales, sólo inspeccionaron a la PM”.
El Nacional intentó comunicarse con estos efectivos de la GN para que presentaran su versión de los hechos, pero esto no se logró.
“El delito de lesa humanidad es más difícil de probar. España acoge también el Estatuto de Roma, pero, al igual que en Venezuela, la sanción para ese tipo de crímenes no está especificada en el código penal.
El trabajo de clasificación del delito tomará su tiempo”, apuntó el constitucionalista.
“El terrorismo de Estado es el que se ejerce desde arriba, cuando se usa la fuerza pública para aterrar, para amedrentar, para intimidar. Bien con los círculos bolivarianos armados o con cuerpos como la Guardia Nacional, bien por acción o por omisión”.
Estos abogados consideran bastante probable que el caso venezolano caiga en manos del juez Baltasar Garzón.
“Hay cinco jueces en la Real Audiencia y se asignan por una oficina de distribución. Pero como nosotros referimos las conexiones entre Batasuna y el Gobierno venezolano, así como la posibilidad de que el BBVA haya financiado la campaña presidencial de un líder que terminó ejecutando terrorismo de Estado, creemos que se puede lograr la acumulación de esos casos y que sea Garzón quien asuma el control”, acotó Romero.
Eduardo Meier informó que el Ejecutivo aún no ha acatado las medidas cautelares de protección que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto a favor de Mohamed Merhi, padre de uno de los fallecidos durante la masacre de El Silencio (Jesús Capote) y Fernando Sánchez, uno de los heridos de bala el 11-A.
“Hemos solicitado a la CIDH que nos permita participar en la audiencia que se llevará a cabo en febrero sobre el caso venezolano”, informó Meier.